La reforma a la ley de alquileres, que cuenta con media sanción de Diputados y que la semana pasada comenzó a ser debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, continuará siendo discutida este miércoles en la primera de las dos reuniones convocadas en la Cámara alta.

Los legisladores buscarán continuar con la discusión tras el cuarto intermedio declarado el martes pasado, luego de que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en Diputados, mientras que desde el lado de la oposición la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara baja.

En la reunión informativa del martes pasado de las comisiones de Legislación General y Presupuesto Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes, pero desde el oficialismo pusieron un freno a esas pretensiones y si bien coincidieron en darle celeridad al debate, pidieron tomarse el tiempo de convocar a especialistas y representantes de los sectores involucrados (propietarios, inquilinos, martilleros, etc).

La primera de las reuniones fue convocada para las 14, mientras que la segunda fue agendada para el jueves 7, a las 11, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Las reformas en discusión

El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

Uno de los puntos que el Frente de Todos no está dispuesto a negociar tiene que ver con los tres años de duración de los contratos que consagra la ley actual.

Consideran que volver a los dos años de plazo solo contribuiría a generar inestabilidad en las familias de inquilinos, impidiéndoles la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida.

También cuestionan la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados, el tratamiento similar a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales (donde consideran que no hay conflictividad), y la falta de una referencia para establecer los montos de los alquileres.