A 21 años del secuestro y desaparición de Marita Verón una disputa gremial dio un giro clave a la investigación sobre el paradero final de la joven que fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando tenía 22 años. En este marco, el abogado de Susana Trimarco, Carlos Garmendia, remarcó que por el caso de Marita ya hubo un juicio y condenas pero que todavía sigue siendo una incógnita el paradero final de la mujer.

En comunicación con el programa Honestidad Brutal de Radio Extra FM 107.5, el letrado contó los detalles del entramado del caso Marita Verón tras las nuevas pistas que podrían dar respuestas a qué ocurrió finalmente con la joven. Los nuevos testimonios hablan de la existencia de una carpeta con fotos de la mujer fallecida y señalan al sindicato Luz y Fuerza de Tucumán como involucrado en el caso.

La investigación que impulsó la mamá de Marita, Susana Trimarco, permitió a la justicia arribar a la conclusión de que la joven había sido captada por una red de trata de personas, que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual. Esa red estaba vinculada con el Clan Ale, un grupo delictivo de Tucumán, según lo recolectado por la investigación judicial.

Garmendia enfatizó que saben que Marita fue secuestrada el 3 de abril del 2002 y dónde fue llevada, que luego se escapó y fue recapturada y estuvo en Tucumán, para luego ser trasladada a La Rioja. Que estuvo en tres prostíbulos y luego retornó a Tucumán. “Hay condenas y una sentencia en un juicio que terminó finalmente después de un vergonzoso intento de impunidad pero que terminó con una condena grave a esos responsables, pero no todos los responsables de lo que pasó”, advirtió.

En este marco, enfatizó que todavía “no sabemos cuál fue el destino final de Marita”, que es lo que espera la familia y la sociedad. Esta nueva pista podría permitir conocer finalmente qué ocurrió con la joven y cuál fue su destino final, que es lo que reclama Susana, quien pidió tener un lugar dónde llevarle flores a su hija. 

"Si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga Justicia mi hija y su familia, su hija, yo como mamá y su hermano. Quiero que tengamos un lugar para ponerle una flor", dijo Trimarco durante la conferencia en la que dieron detalles sobre el nuevo aporte a la investigación.

Esta última semana se confirmó la existencia de una carpeta con imágenes del cuerpo sin vida de su hija María de los Ángeles Verón. La Justicia Federal está investigando la posibilidad de que "sectores gremiales tengan conocimiento" sobre la muerte de la mujer.

El juicio, la absolución y la intervención de la Corte

En 2012, el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó a juicio la causa contra 13 acusados por el secuestro de Marita: los hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Ale -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán. Durante ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados.

A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije una pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido. Así, la justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González (18 años). También se condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).

La sentencia no quedó firme, por lo que a finales de abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir su pena.

A los pocos meses, los hermanos Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "Mono" Ale, a quienes Trimarco siempre vinculó con la desaparición de su hija, fueron detenidos junto a otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investigaba el juez federal Fernando Poviña, impulsada por la Unidad de Investigación Financiera (UFI) a partir de las denuncias realizadas por la madre de Marita.

En abril de 2018, los hermanos Ale fueron condenados a 10 años de prisión por ser considerados jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, mientras María Jesús Rivero recibió una pena de 6 años. Las penas de los Ale y de Rivero fueron ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal en julio de 2021.