Integrantes del Malón de la Paz se encadenaron en Tribunales para exigir que la Corte Suprema de Justicia  declare inconstitucional la reforma de Gerardo Morales en Jujuy. 

El Tercer Malón de la Paz cumplió este martes una semana de permanencia frente al edificio judicial.

En diálogo con Tarde Picante, los manifestantes exigieron que el máximo tribunal los escuche y se pronuncie contra la reforma de la Constitución de Jujuy. También reclamaron que el Congreso nacional sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y que intervenga de forma federal la provincia.

“La protesta es por el avasallamiento de nuestro derechos por el genocida de Morales con esa reforma que para nosotros no vale”, disparó la manifestante Salustriana, quien detalló que decidieron “caminar por pedido de justicia”, pero se encontraron con que aquí (en CABA) tampoco hay justicia, porque les “cerraron la puerta en la cara”. La policía porteña intentó desalojarlos y el gobierno porteño no los autorizó para acampar.

Otra manifestante expresó que en Buenos Aires “no recibieron apoyo de nadie” y que están esperando que “los reciban los jueces y diputados”, porque las empresas internacionales en connivencia con el gobernador de Gerardo Morales “se quieren llevar las riquezas del norte argentino”.

Qué es el malón de la paz

El Tercer Malón de la Paz está conformado por una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios. Los manifestantes partieron con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de julio pasado desde diversas localidades jujeñas como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas.

Entre sus objetivos, reclaman que la Corte "se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña; que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y que tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes". También piden el "cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la reforma", según informaron en un comunicado.