La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la “Ruta del dinero K”.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG, y ahora el juez federal Sebastián Casanello -que ya la sobreseyó, al no encontrar ninguna prueba en su contra en largos años de investigación- va a tener que seguir investigándola.

La vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años pero no se encontraron pruebas en su contra. Esto hasta el punto de que incluso el fiscal Guillermo Marijuan, el de las retroescavadoras en la Patagonia, también propició esa decisión de sobreseimiento al no apelar a la Cámara Federal porteña, porque consideró que no había prueba suficiente para someter a la vicepresidenta a un proceso oral.

Quien sí recurrió al Tribunal fue una ONG, la Asociación Civil Bases Republicanas. Por ello, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah, se decidió que vuelva a primera instancia y siga la causa.

Por el caso que comenzó en 2013, ya fueron condenadas 17 personas entre ellas el empresario Lázaro Báez, a 12 años; su hijo Martín, a seis años y seis meses; y el arrepentido Leonardo Fariña a tres años y medio. Éste último es el único de ellos que está preso pero por haber sido descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano. 

Lo cierto es que más allá de las condenas, Cristina Kirchner estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el expediente no hubo funcionarios públicos condenados. En algún punto, el caso se podría vincula al proceso judicial sobre la obra pública, por las obras que Vialidad Nacional, durante el gobierno de Cristina Kirchner, le otorgó a Vialidad de Santa Cruz, que licitó y adjudicó obras a Báez, y en el cual la vicepresidenta sí fue condenada a seis años de prisión, pese a que la causa había ya sido instruida en la justicia de aquella provincia. 

La vicepresidenta incluso llego a ser interrogada por esta causa, tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la “falta de mérito”, intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa se pensaba había tenido un punto final, al no apelar el sobreseimiento el fiscal Marijuan, la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando. 

El fallo judicial determina ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero.