Unas siete personas fueron imputadas por la Justicia, acusadas de no presentarse en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para cumplir tareas como autoridades de mesa, tal como estaban asignadas.

El fiscal Maximiliano Hairabedian aseveró que están siendo investigadas y podrían recibir una pena que va de seis meses a dos años de cárcel, además de una multa económica de entre 50 y 500 pesos. 

“En principio no tenían justificación para el incumplimiento. Estaban en Córdoba, no enfermos ni impedidos de cumplir con su obligación”. 

 “El incumplimiento injustificado de esta obligación es un delito, por lo que pedimos la apertura de una investigación contra alguna de estas personas sobre quienes detectamos que no tendrían justificación porque estaban en Córdoba, no estaban enfermos ni impedidos de concurrir”, indicó Hairabedian.

El fiscal expresó que el delito imputado es el previsto en el artículo 132 del Código Electoral Nacional que reprime la no concurrencia o el abandono de las funciones electorales. 

Dos días después de las PASO, el secretario electoral Guillermo Fernández de la Secretaría Electoral Distrito Córdoba, explicó que generarían “un padrón para saber quiénes se presentaron y se hará un cruzamiento entre las designadas y se determinará quiénes no fueron”.

Una vez establecido ese listado, el secretario electoral había detallado que darían lugar al procurador fiscal y, en base a lo que solicite, harían lo correspondiente.