Argentina apeló hoy la sentencia que dictó un juzgado de Nueva York y que obligaría al país a pagar una cifra cercana a los US$ 16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital, por la expropiación de YPF.

Se trata de la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el 15 de septiembre, en el marco de la demanda que presentó ese fondo por la expropiación de YPF, que se llevó a cabo en 2012.

La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El Presidente analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", dijo la funcionaria en aquel momento.

Ahora, la defensa argentina sostuvo en un texto que el país "apela ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos la sentencia definitiva dictada el 15 de septiembre de 2023, así como todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia". 

"El desembolso generaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía. El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", expusieron los letrados que representan a la Argentina. 

Además, advirtió que el desembolso generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes".  "El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía", añadió. 

La información de la apelación presentada fue proporcionada por el abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, que ya lleva ocho años.

Antes de dictar su sentencia, Preska había dicho en marzo de este año que el Estado argentino expropió mal la petrolera, por lo cual debía resarcir a los demandantes. En septiembre llegó esa sentencia, que la jueza dejó firme, pero a la Argentina le quedan instancias de apelación para intentar revertir el fallo.