Luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechace el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales", la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos ratificó la medida del ministro de Economía, Sergio Massa, de una suma fija de $60.000 y remarcó que “lo deben pagar” sino deberán sujetarse a una multa”.

En diálogo exclusivo con Canal Extra TV, Olmos destacó la suma fija a los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta $400.000 y que se pagará en dos tramos. 

Esa fue la medida que recibió el rechazo de la entidad pyme, que sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto".

"Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME y advirtió que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".

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Ante esto, Olmos remarcó que “este bono, incluidos también los índices que ya están incorporados en las negociaciones paritarias, es una cifra adecuada para compensar el salto inflacionario” y le respondió a la CAME: “Ellos tendrán su punto de vista. Una vez que esto esté suscripto por el Presidente de la Nación lo van a tener que pagar cada una de las empresas, y en el caso de las microempresas es un esfuerzo que absorbe el Estado vía descuento de las cargas previsionales”.

Sobre ese punto, detalló que “en el caso de las pequeñas empresas también lo absorbe el Estado vía un descuento del 50% de las cargas previsionales”, en tanto que “las medianas, tamaño 1 y 2 y grandes, es decir, las empresas que tienen más de 120 trabajadores, aproximadamente deberá absorberlo el sector privado lo mismo”.

“Lo debe pagar y en caso de que alguien haga una denuncia se hará la inspección y tendrá que estar sujeto a multas. Además hay un sistema gremial que también tiene que colaborar con nosotros en garantizar que las empresas paguen”, advirtió.