El fiscal federal Franco Picardi impulsó hoy la acción penal para que se investiguen los dichos del candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, contra la moneda nacional, en el marco del expediente iniciado por una denuncia del presidente Alberto Fernández.

"Teniendo en cuenta lo indicado en la denuncia, resultan imputados en las presentes actuaciones los señores Javier Milei (candidato a presidente), Ramiro Marra (candidato a jefe de Gobierno porteño) y Agustín Romo (candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires)", detalló el fiscal en el requerimiento que presentó ante la jueza María Servini, quien quedó a cargo de la causa.

Se trata apenas de una de las denuncias judiciales que se hicieron en contra de los libertarios, pues hubo otras presentaciones similares, por ejemplo, de la también candidata a presidenta, Patricia Bullrich.

Como se recordará, la denuncia del Alberto Fernández fue luego de que Milei, ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ahorrar en pesos, respondió: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

“Jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo Milei el lunes antes de iniciarse la corrida cambiaria.

Es más, 24 horas después Marra redobló la apuesta y vía Twitter fue incluso más allá“: Hoy más que nunca NO AHORRES EN PESOS. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”. 

Argumentos

En su escrito, Fernández argumentó que la "corrida cambiaria" experimentada en el mercado en los últimos días fue "consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida, a través de las cuales en primer lugar compararon la moneda nacional con excremento y - a través de un error conceptual- afirmaron que presentaba un mecanismo de emisión que no es verídico ni acertado".

"Se trata en definitiva no de hechos aislados de personas comunes, sin responsabilidad institucional actual o futura, y sin significancia jurídica alguna; por el contrario, estos sucesos fueron llevados a cabo por individuos que o bien gozan de un cargo público electivo en ejercicio o bien se encuentran postulados para asumir otros similares", consideró Fernández.